La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) se sumó a la condena generalizada por el atentado, con armas de fuego, contra el periodista Ciro Gómez Leyva la noche del 15 de diciembre.
La organización señaló que, el comunicador de Grupo Imagen y Grupo Radio Fórmula resultó ileso gracias al blindaje de su vehículo y demandó que “el ataque debe ser investigado, esclarecido y castigado, con ayuda de las cámaras de seguridad en la Ciudad de México.
Las agresiones contra periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos es resultado del clima de violencia, menosprecio a la libertad de expresión y descalificaciones fomentadas desde el poder político”, denunció.
Por lo anterior destacó que cualquier agresión contra periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos debe prevenirse y evitarse a toda costa.
La Amedi hace un enérgico llamado a las y los servidores públicos de los tres niveles de gobierno para que se abstengan de descalificar a quienes ejercen el periodismo, la actividad reporteril y la labor de los medios de comunicación para los cuales laboran. La violencia verbal es la antesala de la violencia física.
El Ejecutivo Federal, las y los secretarios de Estado, legisladores, gobernantes estatales y presidentes municipales deben acatar el artículo sexto constitucional, en el sentido de que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, además de que el Estado debe respetar y garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión”, enfatizó.
Argumentó que cuando una persona que se desempeña como funcionario público descalifica, denuesta, se burla o le atribuye sobrenombres a periodistas y/o comunicadores, no sólo fomenta y permite el desprecio por la libertad de expresión, también alienta actos de violencia, agresiones, discriminación, intolerancia, discursos de odio y abusos de poder.
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Consideró que otros actores no gubernamentales, como la delincuencia organizada e incluso miembros de la sociedad se sienten legitimados para atentar contra las libertades informativas si desde tribunas elevadas se emplean expresiones verbales denigratorias, se emiten sarcasmos o se asignan etiquetas para demeritar el trabajo periodístico de profesionales y medios de comunicación, lo que crea un clima de intimidación.
Por lo anterior, consideró que “todo lo anterior constituye un atentado a la libertad de expresión que, en el peor de los casos, puede llegar al asesinato de periodistas, propiciado desde el poder político”.