Un Tribunal Federal rechazó amparar al exsenador panista Jorge Luis Lavalle, quien busca dar reversa a la medida cautelar de prisión preventiva justificada que lo mantiene en prisión desde abril de 2021 por el caso Odebrecht.
Los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal declararon infundada la queja del exlegislador, acusado de los probables delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, por presuntamente haber recibido 97 millones 190 mil pesos por concepto de sobornos para aprobar la reforma energética del sexenio pasado.
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró ante Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, que no se sabe con exactitud cuál es el domicilio real de Lavalle Maury.
Además, se le acusa de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por al menos 52 millones 390 mil pesos.
“El señor (Jorge Luis) también podría tener acceso a una buena parte de los 14 millones 496 mil pesos que él manifestó en sus declaraciones patrimoniales presentadas ante el Senado de la República”, indicaron los fiscales al juez.
Por otra parte, la Fiscalía señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) documentó que en los últimos años el exsenador tuvo 18 entradas y 21 salidas fuera de México, además de que en su haber creó una grande y sólida red de contactos en los tres niveles de gobierno.
De tal forma que favoreció intereses particulares y, con ello se benefició asimismo a recibir “elevadísimas sumas de dinero mal habido”, recursos que se cree provienen de los sobornos que Odebrecht entregó a México a través del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Los magistrados indicaron que la resolución del juez de control se dictó con base a los datos de prueba y diversos factores expuestos y no sólo lo referente al domicilio, sino de los elementos antes referidos.