El bloqueo inédito de una reforma judicial por parte de la mayoría conservadora de un tribunal clave en España abrió una crisis institucional en el país, que el gobierno de izquierdas calificó como un hecho «sin precedentes» desde el final de la dictadura franquista.
El Tribunal Constitucional aceptó el lunes el recurso de amparo planteado por el opositor Partido Popular para paralizar la votación prevista el jueves en el Senado sobre varias resoluciones ya aprobadas la semana pasada por los diputados. El órgano argumentó que estas disposiciones, incluidas en forma de enmiendas en una extensa reforma del Código Penal, no tenían relación con el texto en conjunto y que la cuestión planteada en el recurso era relevante.
Las disposiciones en cuestión estaban destinadas a desbloquear la renovación de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato expiró a finales de junio. El gobierno del socialista Pedro Sánchez acusa, de su lado, al PP y a la mayoría conservadora del Tribunal de bloquear la renovación de estos cuatro jueces para impedir que se forme una mayoría progresista en este órgano que es el máximo intérprete de la Constitución.
La decisión del Tribunal Constitucional es un «hecho grave», denunció este martes el presidente socialista, Pedro Sánchez, durante una comparecencia con tono solemne.
«Por primera vez se impide a los representantes legítimos, democráticamente elegidos por los españoles con su voto, que realicen su función de representación de esa voluntad popular de debate en el Parlamento y de legislación», continuó. «Son hechos que no tienen precedentes en la historia democrática de nuestro país», agregó en referencia al periodo iniciado tras el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975, «pero tampoco de ningún país del espacio institucional europeo», añadió.
Desde la oposición de derecha consideran, sin embargo, que Sánchez pretende controlar la institución imponiendo a jueces que apoyen sus políticas.
«Todos sabemos que lo que está detrás de esas dos enmiendas», criticó la número dos del Partido Popular, Cuca Gamarra, en la radio Cadena Cope. «Es la clara intención por parte del presidente del gobierno de, por la puerta de atrás, y al margen del procedimiento cambiar las reglas del juego (…) para adaptarlos a lo que él le conviene», lanzó.
La reforma del Código Penal —que incluye medidas destinadas a satisfacer a los aliados catalanes de Sánchez—, podrá votarse el jueves en el Senado, pero sin las enmiendas suspendidas por el Tribunal.
Preocupación de la Unión Europea
El punto álgido de esta crisis llega tras cuatro años de pulso ente gobierno y oposición sobre la polémica renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano encargado de nombrar a los jueces, entre ellos la mayor parte de los que integran el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
Los miembros del CGPJ debían haber sido renovados en 2018, pero todavía no tienen reemplazo debido a la falta de acuerdo entre izquierda y derecha. Ambas deben entenderse, ya que 12 de los 20 integrantes de este órgano deben ser nombrados por la mayoría cualificada de tres quintas partes de las dos Cámaras del Parlamento.
Este bloqueo total complica el funcionamiento de la justicia y ha provocado varios toques de atención desde la Comisión Europea. A finales de septiembre, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se desplazó a Madrid para reclamar esta renovación, pero resultó en vano. Cansado de esta crisis, el presidente del propio CGPJ, Carlos Lesmes, presentó su dimisión en octubre.
Aunque aseguró que el gobierno respetará la decisión del Tribunal Constitucional, Sánchez prometió el martes que su «gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional».
Sus aliados de Podemos denunciaron, por su parte, una decisión de una «gravedad extrema». «Un poder judicial sin legitimidad democrática ha dado un golpe al poder legislativo», escribió uno de sus responsables, Pablo Echenique, en Twitter.
En 2020, el gobierno de Sánchez planeó reformar los procesos de renovación del CGPJ, pero ante la preocupación de Bruselas y las acusaciones de que buscaba favorecer el nombramiento de jueces ideológicamente próximos a la izquierda, acabó abandonando la reforma.