Finalmente, el gobierno federal dio a conocer los cambios que aplicará a las leyes de desaparecidos, ello con el objetivo de acelerar las investigaciones, así lo dio a conocer Ernestina Godoy Ramos, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Desde Palacio Nacional, la servidora pública indicó que se busca reformar la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, así como la de Desaparición Cometida por Particulares y la del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; cuyas modificaciones, dijo, permitirán el fortalecimiento de las indagatorias y la actuación de las Fiscalías estatales.
En la mañanera, indicó que se creará la Plataforma Única de Identidad; además, se incorporará la Clave Única de Registro de Población (CURP) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares y subrayó que se dará capacidad para llevar a cabo consultas en tiempo real.
«Los objetivos: interconectar a México, crear un sistema que permita intercambio de información en tiempo real entre autoridades instituciones y particulares», destacó.
Godoy Ramos ahondó que con esto será posible alimentar y actualizar el Banco de Datos Forenses y facultar a las Fiscalías locales para robustecer sus capacidades de cara a las tareas de búsqueda e investigación.
LA CURP COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL
«El INE deberá permitir consultas en tareas de investigación, principalmente en actividades del gabinete de seguridad y todas las personas en México tendrán desde su nacimiento esta identificación: la CURP. Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial sea física o digital, cuando termine de integrarse la base de datos con fotografía y huellas dactilares», expuso.
Una vez que el Poder Legislativo apruebe la reforma a la Ley General de Población, se darán a conocer cuáles son los requisitos y cómo tramitar el CURP 2025.
ACTUALIZAR BASES DE DATOS
Mencionó que también se formará la Base Nacional de Carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas, con lo cual se obligará al Banco Nacional de Datos Forenses a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), que junto con las fiscalías de cada entidad y los tribunales de justica locales alimenten y actualicen este documento.
Un adicional para las fiscalías, es que se les obliga a fortalecer sus capacidades de pesquisas y se incorpora a privados en la obligación para generar y compartir información útil para la búsqueda de personas, pero siempre respetando la ley de datos personales.
En el ámbito legal, se incrementarán las penas a quienes cometan el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Del mismo modo se darán más capacidades a la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) se dividirá entre registros de fiscalías y otros.