En 2021, el 86.3% de la población en México consideró frecuentes los actos de corrupción en las instituciones de gobierno, revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El 14.7% de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o bien, tuvo contacto con algún servidor público, experimentó actos de corrupción. Por sexo, la tasa de prevalencia en los hombres fue de 19.4% y en las mujeres de 10.3 por ciento.
La encuesta reveló que los actos de corrupción cometidos por servidores públicos al momento de recibir pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos ascendió a 9 mil 489 millones de pesos en 2021
El monto cubriría las prerrogativas entregadas a los partidos políticos para el presente año (cinco mil 821.8 millones de pesos), así como el gasto total de unas elecciones federales como las que se registraron en el año (siete mil 895 millones de pesos).
De acuerdo a los resultados arrojados por el ejercicio del Inegi los mayores gastos por sobornos se observaron al momento en que los ciudadanos tienen contacto con las autoridades de seguridad pública, ya que los ciudadanos tuvieron que pagar tres mil 186.4 millones de pesos para evitar multas policiacas.
Este tipo de gasto creció 28.2 por ciento respecto a los dos mil 485.4 millones de pesos registrados en 2019, por lo que se ubica como uno de los principales problemas para combatir la corrupción en nuestro país.
En una transmisión para dar a conocer los resultados del ejercicio, el director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, Óscar Jaimes, explicó que en 65 de cada 100 trámites donde participa alguna autoridad de seguridad pública se realiza un acto de corrupción, mientras que los demás trámites no rebasan el 30 por ciento de probabilidad de sobornos.
Otros de los trámites o servicios con mayor cantidad de posibilidad de ser víctimas de soborno fueron los actos ante el Ministerio Público (24 por ciento), permisos relacionados con la propiedad (22.3 por ciento) y trámites para abrir una empresa (21.9 por ciento).
A escala nacional, el Inegi señala que al menos 14.7 por ciento de la población enfrentó o fue víctima de un acto de corrupción, siendo los habitantes de Quintana Roo, Puebla y Baja California los más afectados con 20.4, 19.6 y 19.4 por ciento de personas afectadas, respectivamente.