Se filtra información que el Senador de la República, Alejandro Murat, quien fuera gobernador de Oaxaca por el PRI 2016-2022, y Luis Alfonso Silva Romo, ex diputado de Oaxaca y ahora, también Senador, están apadrinando como una deuda política a Rubén Vasconcelos para que sea el próximo delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de México, pese a que como ex fiscal del estado de Oaxaca que no conoce las necesidades que tiene el Estado de México y más aún, no cuenta con la experiencia necesaria, pues fue fiscal del fuero común y desconoce cómo se opera la Fiscalía General de la República.
Este movimiento le permitiría a Murat operar la corporación al estilo priísta y frenaría cualquier posibilidad de cambio en la justicia n el Estado de México, ahora que el ex gobernador cambió su residencia de Oaxaca y ahora es vecino Mexiquense.
Rubén Vasconcelos Méndez es abogado oaxaqueño. Fue designado en 2017 Fiscal General de Oaxaca a sugerencia de Murat. En 2018, citó al Congreso a comparecer por presuntos actos de espionaje telefónico en contra del fiscal Anticorrupción Jorge Emilio Iruegas Álvarez quien denunció la probable fuga de información de las investigaciones que se siguen contra funcionarios y ex servidores públicos del gobierno de Oaxaca por personal que Rubén Vasconcelos impuso en la Fiscalía Anticorrupción, con la supuesta intención de brindar protección a algunas personas investigadas.
El fiscal Iruegas Álvarez también dejó entrever presuntas actuaciones irregulares de Ministerios Públicos que obligaron el cierre de carpetas de investigación sobre probables actos de corrupción que contaban con elementos suficientes de prueba para ser judicializados.
Hay señalamientos en su contra por obstrucción de la justicia, pues servía directamente a los intereses del entonces gobernador priísta Alejandro Murat.
Las víctimas directas e indirectas de la comisión de diversos delitos, principalmente homicidios, han acusado al ex fiscal Rubén Vasconcelos de obstaculizar las investigaciones y han exigido que sea procesado judicialmente.
Uno de los casos es el del asesinato e incineración de 15 personas, 13 hombres y dos mujeres, en Huazantlán del Río, una comunidad de San Mateo del Mar; además, esta violencia provocó el desplazamiento forzoso de 15 familias.