Por Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista y director general de Gobierno de Calidad, consultoría de políticas públicas
Dime con quien andas…y te diré el futuro de las oportunidades empresariales.
En medio de las campañas globales contra la corrupción, los inversores recompensan más a las empresas con influencia indirecta respecto a aquellas con vínculos políticos directos, según una investigación de la escuela de negocios de Wharton en Pensylvannia, Estados Unidos.
El mismo comportamiento parece seguirse en economías latinoamericanas.
Así, los inversores deben ajustar sus evaluaciones sobre lo que consideran que es valioso para las empresas cuando las circunstancias cambian. Es decir, una empresa con vínculos políticos o gubernamentales favorables puede beneficiarse al obtener contratos lucrativos, pero esas ecuaciones podrían cambiar radicalmente al emprenderse una ofensiva contra la corrupción.
Una investigación reciente de la profesora de gestión de Wharton Aline Gatignon y otros expertos mostró que los inversores reaccionan rápidamente a las transiciones institucionales y lo hacen de una manera matizada al evaluar el valor relativo de diferentes estrategias que no son de mercado.
La utilidad de esos hallazgos es que ayudan a las empresas y a los inversores a comprender mejor qué «estrategias de no de mercado» podrían generar resultados y cuáles de ellas podrían ser contraproducentes.
Esencialmente, el estudio encontró que antes de las redadas policiales, los inversores tenían percepciones favorables de las empresas con fuertes conexiones políticas. Pero después de éstas, los inversores vieron esos lazos como desfavorables.
El mecanismo central es la legitimidad, y ahora se verifica que los diferentes tipos de prácticas corporativas sean o no legítimas o no. Incluso, las donaciones a las ONG podrían ser una forma preferible de tener influencia, porque se considera más legítimo que tener vínculos políticos.
El estudio mostró que las empresas finalmente se beneficiaron más cuando realizaron donaciones previas a ONG y sufrieron más cuando tenían miembros de la junta políticamente conectados. Todo parece sugerir que empresas y políticas no se llevan. Y esto opera en distintas economías, tanto desarrolladas como emergentes.
Por ejemplo, una investigación anticorrupción llamada «Operación Lava Jato», hace algunos años en Brasil, condujo a acusaciones de prominentes empresas, líderes empresariales y políticos, incluidos ex presidentes del país.
Existen dos características de las donaciones a partidos políticos: Establece un contrato tácito entre donantes y receptores que facilita el acceso empresarial al actor político. En segundo lugar, estos vínculos son evidentes para los inversores y cumplen con los parámetros legales.
Pero donde las empresas tienen conexiones políticas directas, suelen ejercer influencia para obtener rentas privadas, que son percibidas como menos legítimas. Los vínculos directos interfieren con el sistema de tal manera que benefician a una empresa. No son ilegales, pero los inversores verán estas prácticas como menos legítimas.
.Ese cambio no supone que los vínculos con las ONG «sean más limpios» que las conexiones políticas directas o que tengan un mayor cumplimiento normativo. La principal diferencia es que los inversores ven los lazos con las ONG como un medio de influencia más indirecto en comparación con los vínculos con los actores políticos y los vínculos con la junta.
Es más una transacción de plena competencia. Está destinado a apoyar lo que otros actores hacen, pero no necesariamente para influir indebidamente en ellos para su beneficio. Al mismo tiempo, no todos los tipos de conexiones de ONG son igualmente beneficiosas para la empresa, ya que la naturaleza del vínculo puede socavar la legitimidad del actor.
En resumen: la cercanía con ciertos actores o empresas puede no resultar tan benéfica si se opta abiertamente por un partido o actor político. Lo mejor es estimular el acercamiento con ONGs.