QUITO, 6 oct (Xinhua) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el sábado por la noche el estado de excepción por 60 días en diez provincias del país por «grave conmoción interna», en medio del paro nacional indefinido que lidera desde el pasado 22 de septiembre el movimiento indígena en rechazo a la reciente eliminación del subsidio al diésel.
La medida rige para las provincias centrales de Pichincha, donde se ubica la capital Quito; Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Cañar, así como en Azuay (sur) y las amazónicas de Orellana, Sucumbíos y Pastaza, según el Decreto Ejecutivo 174 firmado el sábado por el mandatario.
«De esta manera, se precautelará el orden público, la seguridad interna y el bienestar ciudadano», precisó la Presidencia en un comunicado.
Con esta medida, se restringe el derecho a la libertad de reunión las 24 horas del día y se prohíben las aglomeraciones en espacios públicos que puedan derivar en afectaciones a los servicios esenciales o la seguridad ciudadana.
Se dispone, asimismo, la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que coordinen las acciones necesarias para mantener el orden y prevenir acontecimientos de violencia.
Según el decreto, el estado de excepción responde a la alarma que ha causado en la ciudadanía las manifestaciones y el cierre de carreteras que se han focalizado en dichas provincias.
De acuerdo con el Gobierno, las protestas «se han tornado violentos» caracterizadas por agresiones y secuestros a los miembros de la fuerza pública, atentados a los bienes públicos y privados, retenciones de vehículos de carga pesada, entre otros, provocando enfrentamientos en la población.
Además, agregó que se ha generado una paralización de determinados servicios públicos, lo que ha impedido el normal desarrollo de las actividades comerciales, de trabajo y económicas.
La medida fue tomada tras recientes anuncios de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), convocante del paro, de radicalizar las protestas que cumplen su décimo tercer día.
La Conaie y sus aliados exigen la derogatoria del Decreto 126 con el que el mandatario eliminó el subsidio al diésel, medida que elevó el precio del galón del carburante de 1,80 a 2,80 dólares desde el pasado 12 de septiembre.
Esta situación desató una férrea oposición por parte de los transportistas, indígenas, sindicatos y sectores sociales.
