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Cota Montaño llega a un Segalmex plagado de señalamientos de corrupción

Desde este martes, Leonel Cota Montaño ocupa la titularidad de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), conformada por Diconsa y Liconsa, en medio de la indagatoria de una red de corrupción de funcionarios federales.

A través de un comunicado se informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Leonel Cota Montaño como nuevo director general del organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

​​Leonel Cota Montaño sustituye a Ignacio Ovalle Fernández, quien a su vez ha sido designado por López Obrador como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Leonel Cota Montaño se desempeñaba como secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles irregularidades en Segalmex y sus empresas ascienden a ocho mil 600 millones de pesos.

René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas, vinculado a proceso por las acusaciones de utilizar 100 millones de pesos de Segalmex para “invertir” en la bolsa, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), es una figura central de la red de corrupción que ha lastrado a ese organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En julio de 2019, Gavira fue acusado por trabajadores de Segalmex y de sus empresas Diconsa y Liconsa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades como contratar a parientes cercanos, incrementar injustificadamente el número de plazas de altos funcionarios, pagar a un guardaespaldas con recursos públicos y realizar despidos injustificados, según extracto de una denuncia.

Además. es señalado de ser responsable de ​​la adjudicación directa de siete contratos por cerca de 800 millones de pesos a empresas cuyos propietarios han sido señalados por la ASF de participar en un esquema de contratación ilegal.

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